La Libertad de Expresión en Panamá

Por Alfredo Berguido

La Libertad de Expresión está una vez más en el top of mind de la población general por la ola de demandas contra medios de comunicación, comentaristas y periodistas que se ha dado en Panamá. Hay un consenso general que garantizar la libertad de expresión es indispensable para garantizar la democracia, pero en la urgencia de defender el libre periodismo en nuestro país de actores de mala fe, no podemos perder de vista la realidad de cómo opera la garantía constitucional de la Libertad de Expresión en nuestro país.

Dice una frase famosa que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Todos los que han presentado demandas por supuesta calumnia e injuria parten de la idea de que, si bien las personas son libres de expresarse, esto no los exime de hacerse responsables por lo que expresan. De hecho, el artículo 37 de la Constitución política de Panamá lo declara así:

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

A primera lectura parece ser que Panamá garantiza la libertad de expresión en principio, mas no en la práctica, porque se establece una situación en la que cualquier expresión puede ser sometida a responsabilidad legal, es decir la revisión y dictamen de uno de los tres órganos del Estado, el Órgano Judicial. Es decir, hay una aparente coacción indirecta del Estado a los ciudadanos porque en cualquier momento alguien puede activar el Órgano Judicial en represalia a la expresión de un ciudadano que considera “contra la reputación o honra” de su persona, o “contra la seguridad social o el orden público”. En otras palabras: se garantiza el Honor de los ciudadanos por encima de su Expresión.

           Solo un factor subsana esta situación desigual: la Verdad. Hay mucho que se puede discutir sobre la naturaleza de la Verdad con V mayúscula, pero para los efectos de este artículo, entendamos la Verdad como aquellos consensos que como sociedad y como especie tenemos sobre la realidad y los eventos que transcurren en ella. En teoría, nadie debería poder activar el sistema judicial para defender su reputación o la seguridad social o el orden público, si lo que se expresa es la Verdad. El problema es que, aunque pueda existir un consenso sobre los hechos, el Órgano Judicial, por la lógica particular con la cual opera el proceso judicial, no tiene forma de determinar qué es una expresión de la Verdad y qué no antes de tomar acción. Por ejemplo, aunque como sociedad tengamos un consenso de que Hitler ordenó la detención y exterminación de la población judía, si hoy alguien se presentara a en un tribunal panameño a interponer una demanda por calumnia e injuria en contra de esa aseveración, el tribunal está obligado a aceptar la alegación del que demanda como cierta y justificada hasta que se demuestre, con alegatos y pruebas en un juicio, lo que como sociedad ya todos sabemos.

           Dicho lo anterior, no podemos perder de vista que sí es posible causar daño con lo que se expresa. Si en una multitud falsamente acuso a la persona a mi lado de robarme, las consecuencias para este pueden ser nefastas (especialmente en Panamá donde es típico abogar por el uso de violencia en contra de presuntos delincuentes), por lo cual esta persona, víctima de mi atentado contra su reputación, tendría derecho a que yo le resarza el daño que le habría causado. Es evidente que estas son las clases de situaciones por las cuales el texto de la Constitución en su artículo 37 hace la reserva sobre la responsabilidad legal de lo que se expresa. Aun así, hay que ser consciente de que cualquier daño causado por mi expresión nunca podrá ser rectificado por cualquier resarcimiento legal que un juez me ordene hacer.

La reputación, la honra, la seguridad social y el orden público no son como bienes, que pueden ser reemplazados o que tienen un valor monetario real medible por el mercado; solo aproximaciones. El valor de estos elementos solo existe realmente en la opinión pública y es ahí donde se debe reparar el daño. Cualquier relacionista público sabe que esto no es tarea fácil y es una labor que requiere de mucho trabajo de persuasión y otros métodos para cambiar la forma de pensar de las multitudes. ¿Qué sentido tiene entonces recurrir al sistema judicial? Realmente no hay nada sustancial que un juez puede hacer u ordenar para salvaguardar la honra de nadie.

Por está razón es tan imprescindible defender la Verdad a toda costa porque es lo único que realmente puede detener el daño causado por una calumnia o injuria. Hay actores en nuestro país que, en nombre de proteger sus intereses personales y evitar enfrentar la Justicia, están dispuestos a dinamitar la Verdad a toda costa, con la intención de luego darse la vuelta y proclamar que solo los jueces, en el proceso judicial, son capaces de determinar qué es cierto y qué es falso. Si cedemos la Verdad, la Justicia seguirá el mismo rumbo y no hay nada en la Constitución que nos podrá salvar.

 

 

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